La actriz cómica Georgina Barbarrossa fue asaltada en la ciudad de Mar del Plata. "La Argentina ya es Colombia", le dijo a la prensa. Años atrás, Barbarrosa ya había sido víctima de una situación desgraciada con la delincuencia, en la que perdió la vida su esposo. De allí que su propia historia se amplifique en los medios de comunicación con especial intencionalidad. Los "famosos" no se cansan, en esos momentos, de pedir "mano dura" y utilizar todo tipo de metáforas bélicas. "¿Hasta cuándo?", se indignan, parapetados detrás del árbol que no deja ver el bosquede la desdicha social.
El caso Barbarrosa fue precedido por otro que provocó aquí mayor impacto. La bala que atravesó el ojo derecho de Fernando Cáceres y amenaza con apagar su vida puso otra vez en escena algo más que un drama personal. Detrás del ataque en la periferia bonaerense contra el exdefensa del Valencia, Zaragoza, Celta de Vigo y la selección argentina, se esconde una trama alimentada por la pobreza, el consumo de drogas y la corrupción policíal y política. Pero de eso, mejor no hablar en voz alta. Esto lo he escrito días atrás, y no ha perdido actualidad.
Pocos días antes de que Cáceres fuera asaltado en Ciudadela, en esa misma localidad asesinaron a un comerciante que se resistió a que le robaran su automóvil. Cada día se roban en la periferia de la capital argentina 85 carros, según el Ministerio de Seguridad de la principal provincia de este país. Entre enero y agosto del 2009, esa "actividad" creció un 19,5% respecto del mismo período del año anterior. Pero en Ciudadela el aumento fue del 42%.
Losl adrones son apenas el eslabón más débil de dos negocios que relacionan acomerciantes, policías y caciques políticos: la venta de repuestos de automóviles previamente desarmados o la "exportación" de las unidades a Bolivia y Paraguay. En el primero de los "rubros" se manejan por año unos 60 millones de euros. En un reciente procedimiento llevado a cabo por la Policía Bonaerense fueron secuestradas 14.000 puertas, 6.000 capots, 3.000 paragolpes y 68 motores sin identificación. La cifra da cuenta del volumen del mercado.
En medio de los reclamos de personajes de la farándula --con Diego Maradona incluido-- a favor de la pena de muerte, la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, dijo que el mayor índice de delitos cometido en toda la provincia se registra, curiosamente, en el mismo radio de acción por donde circulaba Cáceres, un lugar donde la distancia entre los barrios de clase media y las chabolas se recorreen pocas cuadras. Ese dato llevó a Falbo a conjeturar que la zona "no está bien cuidada". Ella llamó a preguntarse "por qué no se previene el delito".
Pocas horas después de que el exjugador fuera ingresado en estado crítico en un hospital, el fiscal de Menores Fabián Hualde consideraba el caso "aclarado en un 75%". Ezequiel y "Toto", los jóvenes de 15 y 16 años, respectívamente, habían sido reconocidos por tres testigos. Y aunque se declararon inocentes, fueron internados en institutos de menores de máximaseguridad. Otros cinco mayores sospechados y también detenidos, fueron liberados.
La base social del espeluznante caso Cáceres responde a causas estructurales en un país donde la pobreza golpea al 31,8% y la indigencia al 11,7%. El 60% de los delitos cometidos en ese país "real" es protagonizado por personas que casi nunca superan los 20 años. De acuerdo con el criminalista Raúl Torre, las historias siempre se repiten: hay una madre que los abandonó, un padre ausente y falta de alimentación en los primeros meses de su vida. Estos adolescentes, apenas manejan un lenguaje de 200 palabras y provienen de entornos atravesados por la droga y el hampa. Naturalmente, no creen en el futuro.
Los episodios protagonizados por menores crecieron un 27,6% en los últimos nueve años. Un 10% de estos casos involucró a chicos de nueve a 13 años. Solo un 3% contó con la asistencia de un abogado pago por la familia. Un 60% del total no completó la escuela primaria, un 14% comparte cama o colchón con algún miembro dela familia y el 65% vive en situación dehacinamiento.
En este contexto, el gobernador bonarense, Daniel Scioli, aseguró que "hay un clamor popular" para resolver el problema dela inseguridad con otro rigor. La policía, dijo, "debe meter miedo" y "tiene que enfrentar a los delincuentes o tiene que abatirlos".
Aquí terminaba mi nota.
Pero hoy,al leer el diario Crítica, me encuentro con un informe del parlamento bonaerense elaborado por el diputado provincial Ramiro Tagliaferro, según el cual el Ministerio de Desarrollo no utilizó el dinero destinado a centros ambulatorios para menores en situación de riesgo y su par de Seguridad tampoco invirtió en equipamiento preventivo como se esperaba. De dicho informe se desprende además que el 8% del presupuesto total de la provincia se asigna al Ministerio de Desarrollo Social.
Para programas específicos de Niñez y Adolescencia se destina solo el 12% del presupuesto de esta cartera. La Dirección Provincial de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil tiene asignados apenas solo $47 millones (menos de 10 millones de euros), equivalentes al 2% del presupuesto ministerial.