Dieciocho meses después de su ingreso en la Unión Europea (UE), Bulgaria y Rumanía siguen presentando alarmantes problemas en su sistema judicial y carencias muy graves en la lucha contra la corrupción generalizada y el crimen organizado. La situación es tan extrema en el caso de Bulgaria, que la Comisión Europea no ha tenido más remedio que suspender ayudas comunitarias por valor de más de 500 millones de euros.

Los informes emitidos el 23 de julio por el Ejecutivo comunitario sobre ambos países, pese a la suavización de los mismos impuesta por el presidente de la institución, José Manuel Durao Barroso, confirma el secreto a voces de que se admitió a Bulgaria y Rumanía en la UE el 1 de enero del 2007 sin que reunieran las condiciones mínimas para ello.

Fue una decisión política para cumplir otra promesa política, con el argumento de que sería más fácil lograr las reformas necesarias dentro de la UE que fuera de ella y que el ingreso en la UE evitaría la desestabilización política de ambos países.

Un año y medio después, la estabilidad política de ambos países sigue siendo precaria, las reformas prometidas por sus dos gobiernos están muy lejos de haberse cumplido y los endémicos problemas de corrupción y desbarajuste judicial siguen presentes.

Incluso los informes suavizados de la Comisión Europea no pueden evitar reconocer el "arcaísmo" y las "lagunas" del código penal búlgaro, la ineficacia policial y la "ausencia de resultados satisfactorios en la lucha contra el nivel elevado de corrupción y de criminalidad organizada".

En el informe sobre Rumanía también se destaca que la reforma del sistema judicial apenas avanza, que la fiscalía sufre "penurias crónicas" de medios y que existe una falta de coherencia en las sentencias de los tribunales superiores y "una jurisprudencia incoherente". La Comisión Europea lamenta que sólo "hay resultados tangibles limitados en la lucha contra la corrupción de alto nivel" y critica la "reticencia del sistema judicial y del Parlamento rumano en autorizar investigaciones" y sus decisiones para "limitar la obtención de pruebas".

La Comisión Europea es corresponsable de la actual situación, porque su presidente Barroso no ha tenido nunca el coraje de ejercer la presión adecuada sobre ambos países y de utilizar las cláusulas de salvaguardia previstas en los tratados de adhesión.

Ni Barroso, ni ningún comisario se atrevió a presentar públicamente los informes del pasado 23 de julio, mientras que cada día se desviven por dar conferencias de prensa carentes del más mínimo interés. La presentación del pésimo balance de Bulgaria y Rumanía se dejó en manos del portavoz de la Comisión Europea, que intentó una vez más minimizar la gravedad del problema y eludió ser preciso sobre las ayudas bloqueadas a Bulgaria.

La amenaza de vetar la totalidad de los fondos de ayuda regional a Bulgaria, ante su incapacidad para controlar el uso de la ayuda comunitaria y evitar su malversación, fue suprimida del informe definitivo de la Comisión Europea, así como otras amenazas.

El Ejecutivo comunitario, pese a reconocer la escasa fiabilidad del sistema judicial búlgaro y rumano, sigue sin utilizar la cláusula de salvaguardia para suspender el reconocimiento de las decisiones judiciales de ambos países en el resto de la UE.

Esta actitud débil de la Comisión Europea y el comportamiento de los dirigentes políticos búlgaros y rumanos contribuyen a reforzar la hostilidad de los ciudadanos europeos hacia la adhesión de nuevos países y la desconfianza hacia la UE y las instituciones europeas.

Para agravar la situación, la ley que acaba de votar el Parlamento italiano para garantizar la inmunidad del primer ministro Silvio Berlusconi frente a sus múltiples procesos por corrupción constituye un pésimo ejemplo de un país fundador de la UE para lograr que Bulgaria y Rumanía corrijan sus graves disfunciones.