La Unión Europea (UE) ha decidido echar un pulso a la inmigración con una política ciega, injusta, muy desequilibrada y de resultado más que incierto, porque no tienen en cuenta la realidad socioeconómica de la propia Europa ni de su entorno geográfico.
Ante la llegada de 350.000 a 500.000 personas que entran clandestinamente cada año en la UE huyendo del hambre, a miseria y la injusticia, los Veintisiete han aprobado una directiva para expulsar de forma contundente a cualquier inmigrante irregular que se encuentra en su territorio y han consensuado un pacto europeo para sólo admitir inmigrantes "a la carta". El establecimiento de una dura política de inmigración es precisamente una de las prioridades de la actual presidencia francesa de la UE.
La voluntad de los gobiernos de los Veintisiete de restringir al máximo la inmigración y perseguir por todos los medios a las personas sin papeles está condenada a chocar con la situación demográfica de la propia UE y con la dura realidad de sus países vecinos de África, del Este y de Asia y de la lejana Latinoamérica.
La UE cuenta con unos 8 millones de inmigrantes irregulares instalados en su territorio, según las estimaciones oficiosas. La mayor parte de estas personas no vive del aire o de la mendicidad, ni de la delincuencia. La mayoría de esas personas está desempeñando algún tipo de actividad laboral, más o menos abierta o más o menos sumergida, en múltiples sectores que van desde la agricultura y la construcción a la restauración y la hostelería, pasando por el servicio doméstico y el cuidado de personas mayores.
¿Qué ocurrirá cuando se expulse a esas personas, como pretenden los gobiernos de los Veintisiete? ¿Quién desempeñará esas actividades, esos trabajos, esas labores? Esas personas sin papeles ocupan esos empleos ingratos porque ya ningún ciudadano europeo quiere realizar esas tareas poco remuneradas. Los inmigrantes irregulares, pese a la precariedad de sus medios, contribuyen también al mantenimiento de la actividad económica y al bienestar de los países donde viven.
La UE, debido a su bajísima tasa de natalidad y al envejecimiento de su población, necesita millones de inmigrantes para evitar su propio colapso por falta de habitantes. En muchos países europeos, la población se estancaría o disminuiría cada año si no fuera por la llegada de los inmigrantes. Alemania, incluso con la llegada de inmigrantes, sufrió una merma de población durante el 2007. Los inmigrantes procedentes de países extracomunitarios representan sólo alrededor del 4% de los actuales 497 millones de habitantes de la UE.
Las estimaciones de la Comisión Europea indican que la UE necesita nada menos que unos 110 millones de inmigrantes en el conjunto de las próximas cinco décadas para compensar la reducción del número de trabajadores europeos que se producirá como consecuencia del envejecimiento de la población. Incluso si se mantiene el ritmo actual de llegada de inmigrantes, en el año 2060 la UE aún tendrá unos 50 millones de personas menos en edad de trabajar que ahora, según las proyecciones del Ejecutivo comunitario.
El sostenido y elevado crecimiento económico que ha registrado España durante esta década, muy superior a la media europea, es consecuencia en parte de la llegada masiva de inmigrantes legales e irregulares al país, que han permitido incrementar la población hasta superar los 45 millones de habitantes,
El pacto europeo sobre inmigración, que los Veintisiete consensuaron en Cannes el pasado 7 de julio, rechaza de cara al futuro regularizaciones generales de inmigrantes sin papeles, como las que ha realizado España con tan buen resultado económico. En el futuro, según ese pacto, sólo se admitirán excepcionalmente regularizaciones caso por caso. El número de inmigrantes sin papeles que se han regularizado desde la década de los ochenta en el conjunto de la UE supone una cifra tan reducida como los 3,8 millones de personas.
Alemania, Francia, Italia y otros países europeos que criticaron con dureza la última regularización española impusieron este apartado. Los gobiernos de esos países acusaron a España de haber agravado el problema de la inmigración ilegal en Europa a causa del "efecto llamada" que implicó la regularización del 2005.
Estas acusaciones, sin embargo, olvidan la situación de enorme pobreza de los países de donde proceden esas personas, que ven Europa como su única esperanza de conseguir una vida mínimamente digna. Esa desesperación es el único "efecto llamada" que existe.
El Mediterráneo constituye la frontera de mayor desigualdad económica del mundo. El nivel de renta español, por ejemplo, es 13 veces superior al de Marruecos y 20 veces más alto que el de Egipto. Si se compara con los países situados un poco más al sur, la diferencia es todavía más abismal.
Mientras exista esa profunda desigualdad económica y mientras las personas tengan que huir del hambre, la miseria e incluso la guerra en sus países, no habrá fuerza humana capaz de detener esa afluencia de inmigrantes hacia Europa, por más duras que sean las medidas legales que se adopten.
Las promesas europeas de multimillonarias ayudas al desarrollo para los países pobres se han materializado de forma poco consistente y han dado hasta ahora frutos muy escasos. Mucho más efectiva está resultando la ayuda al desarrollo emprendida por China en el continente africano como cobertura de su busqueda desesperada de materias primas para mantener su expansión económica.
La UE ha optado por un enfoque policial del problema de la inmigración ilegal. La nueva directiva permitirá a los Veintisiete poder mantener detenido hasta 18 meses a cualquier persona sin papeles que descubra en su territorio y permitirá la expulsión incluso de los menores no acompañados a un país en el que carezcan de familia.
La facilitad con que los gobiernos de los Veintisiete se pusieron de acuerdo para perseguir con el máximo rigor a los inmigrantes irregulares contrasta con la frontal oposición con que tropezó el pasado 24 de julio en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE la propuesta de castigar penalmente a las empresas que contraten a personas sin papeles. Alemania y al menos otros seis países consideraron excesivo ese castigo para los empresarios que se aprovechan de la precariedad de esos inmigrantes irregulares para explotarlos.
La UE intenta atrincherarse detrás de murallas cada vez más altas, sin comprender que no podrán detener con medias policiales esa presión migratoria hija de la desesperación y que tampoco conseguirá preservar su paraíso si deja que a su alrededor siga creciendo el hambre, la miseria, la injusticia y la guerra.