Con un año de retraso, la Comisión Europea ha decidido al fin comenzar a adoptar medidas concretas para hacer frente a la grave crisis financiera internacional, que ha restringido y ha encarecido el coste de los créditos y ha frenado bruscamente la economía europea.

El comisario de Mercado Interior, el irlandés Charlie McCreevy, ha comenzado a elaborar una normativa para regular el funcionamiento de las agencias de calificación de riesgos (‘rating'), cuya negligente o interesada actuación, desencadenó la crisis financiera de las hipotecas basura norteamericanas, que se ha trasladado al todo el sistema financiero internacional y que está costando centenas de miles de empleos en todo el mundo. Las principales agencias mundiales de ‘rating' son: Moody's, Standard & Poor's y Fitch.

En medio de la burbuja especulativa, las agencias de ‘rating' calificaron como sólidos activos y productos financieros que no lo eran, sino todo lo contrario, y condujeron erróneamente a las entidades bancarias a invertir en productos que resultaron basura y que están generado aún cuantiosas pérdidas millonarias en Estados Unidos y Europa. Las agencias de ‘rating' son retribuidas habitualmente por las propias entidades cuya solvencia o productos valoran, lo que conduce a graves conflictos de interés que ahora han salido a la luz con toda su crudeza.

El comisario McCreevy, que se distinguió recientemente por sus despectivos comentarios sobre el Tratado de Lisboa durante el referéndum irlandés, se había resistido hasta ahora a preparar una regulación de esa actividad crucial con el argumento neoliberal de que era mejor dejar a los propios mercados autorregularse.

La experiencia ha demostrado, como era de prever, que con tantos intereses multimillonarios cruzados el mercado no se ha autorregulado. La crisis financiera lejos de resolverse o suavizarse, como esperaba sentada la Comisión Europea, ha empeorado con la caída de nuevas entidades financieras norteamericanas del sector hipotecario (Fannie Mae y Freddie Mac), la nueva ola de pérdidas millonarias que los grandes bancos internacionales van aflorando y un nuevo recrudecimiento de la desconfianza entre las entidades financieras que restringe el funcionamiento del mercado interbancario.

Las entidades financieras no se fían unas de las otras y por ello apenas se prestan dinero entre ellas, por temor a que quien toma prestado esté infectado por pérdidas ocultas, secuela de la crisis de las hipotecas basura, y luego no pueda devolver el dinero. Esto ha encarecido los tipos de interés y ha forzado al Banco Central Europea (BCE) a prestar a las entidades ingentes volúmenes de fondos para mantener en funcionamiento el sistema financiero. Quién está pagando las consecuencias de este desaguisado desde hace un año son los ciudadanos y las empresas, que tienen que pagar unos préstamos más caros y unas comisiones bancarias cada vez más elevadas.

"La crisis ha demostrado la ineficacia de la autorregulación", reconoció públicamente esta semana McCreevy. Las agencias de calificación de riesgos se han regido hasta ahora básicamente por un mero código de conducta. La Comisión Europea propone ahora una normativa vinculante para evitar que se vean influidas por los conflictos de intereses de ese sector.

La nueva normativa fijará las condiciones que deberán cumplir las agencias de ‘rating' para ser autorizadas a operar en la UE, les obligará a utilizar métodos fiables de evaluación para que sus valoraciones sean creíbles y les impondrá una mayor transparencia en el proceso de elaboración de sus notas, según explicó McCreevy. La Comisión Europea también propone un reforzamiento de la supervisión y control de esas entidades.

Pero esta normativa aún tardará mucho en convertirse en realidad. De momento, el Ejecutivo comunitario ha iniciado un proceso de consulta con las agencias afectadas que durará hasta el 5 de septiembre. Después, deberá presentar la propuesta legislativa para su aprobación por los Veintisiete en el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE y por el Parlamento Europeo.

La lentitud y los prejuicios antirregulación de la Comisión Europea han hecho perder todo un año a Europa en una cuestión crucial.