La decisión de EEUU, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica y otros países europeos de prohibir temporalmente las operaciones bursátiles de venta al descubierto (short selling) muestra hasta que nivel los mercados financieros han caído en manos de voraces especuladores, sin ningún tipo de control, ni de supervisión de quienes tienen la teórica responsabilidad de vigilar el correcto funcionamiento de los mercados.

El dudoso comportamiento de entidades financieras de nombre respetable y de ejecutivos de sueldos multimillonarios en EEUU y en Gran Bretaña ha desencadenado desde hace más de un año una crisis financiera global, que se ha trasladado a la economía real de Europa y que ya ha causado la pérdida del empleo a decenas de miles de personas de ingresos modestos sin ningún control sobre los responsables de su desgracia.

La venta al descubierto es una operación bursátil descaradamente especulativa en la que un operador vende un puñado de acciones que toma prestadas a cambio de una comisión, para hacer caer su precio y poder comprarlas después más baratas para devolvérselas a su propietario, embolsándose al mismo tiempo un sustancioso beneficio.

Para asegurarse el éxito de esas operaciones, hay quien no duda en diseminar rumores sobre la compañía afectada. La drástica depreciación en bolsa de la banca belgoholandesa Fortis en las últimas semanas, por ejemplo, ha estado asociada a la difusión de sospechosos correos electrónicos.

La venta al descubierto, justificada por numerosos economistas como esencial para la fijación de los precios bursátiles y la corrección de valoraciones desmedidas, ha sido señalada históricamente como uno de los responsables  clave de la gravedad del crash de Wall Street de 1929.

Este tipo de operaciones es un símbolo del funcionamiento actual de los mercados internacionales (incluidos los del petróleo y las materias primas alimenticias), donde un volumen elevadísimo de operaciones se realiza en base a activos que no se poseen, financiadas con dinero prestado que se devolverá con los beneficios obtenidos de la especulación.

La negativa hasta ahora de las autoridades de EEUU y Gran Bretaña a imponer una supervisión estricta a los mercados, basada en la dogmática creencia que los mercados se autorregulan solos (y que no tiene en cuenta el coste social de esa autorregulación), ha permitido que entidades respetables hayan diseminado por el mundo hipotecas basura envueltas en paquetes de inversión dorados.

Las agencias de valoración (rating), como Standard and Poors, Moody's o Ficht, que avalaron como sólidas esas inversiones basura, a las que muchas veces estaban vinculadas, siguen actuando con la misma inconsciencia sin que nadie les reclame daños y perjuicios por sus fraudulentas valoraciones. Las mismas agencias mantuvieron, por ejemplo, una buena calificación al quebrado banco de inversión norteamericano Lehman Brother hasta las vísperas de su hundimiento.

Los máximos ejecutivos de las 16 entidades financieras internacionales más golpeadas por la crisis se embolsan al año globalmente más de 230 millones de euros en sueldos. El principal ejecutivo de Lehman Brothers, Richard Fuld, ganaba el solo unos 24 millones de euros al año. Ninguna de las entidades ha impuesto hasta ahora ninguna penalización a esos ejecutivos que les han hecho perder más de 300.000 millones.

Ni los ejecutivos, ni las autoridades reguladoras que han fallado en la supervisión sufren las consecuencias del daño causado. Los errores siempre los pagan otros: los ciudadanos, a través del uso de sus impuestos para salvar a las entidades mal gestionadas y a través de la pérdida de su empleo y del encarecimiento de sus créditos.. La impunidad es lo que permite que esas prácticas se perpetúen.