Fortis, uno de los bancos afectados por la crisisLa gravedad de la crisis actual exige una reforma en profundidad del sistema financiero internacional, como reconocen los dirigentes políticos europeos y el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet. La actual crisis económica es consecuencia de la especulación desmedida de las entidades financieras norteamericanas, que ha infectado a los bancos más próximos a las prácticas financieras poco sólidas del mundo anglosajón y a las entidades que escucharon los cantos de sirena de altas rentabilidades que ofrecían inversiones dudosas envueltas en lazos de oro.

Una crisis fundamentalmente financiera y especulativa se ha trasladado a la economía real a través de dos mecanismos: Primero, la brutal restricción del crédito desencadenada por la desconfianza entre las entidades financieras a causa del desplome del valor de las inversiones asociadas a las hipotecas basura norteamericanas. Y segundo, por el drástico encarecimiento del petróleo y las materias primas alimenticias, tras el traslado masivo de los fondos especulativos a esos mercados en busca de nuevas rentabilidades que ya no podían obtener en los mercados financieros tradicionales por la crisis de las hipotecas basura.

Estos dos factores han exacerbado las dificultades particulares que ya afrontaban cada uno de los países, como la burbuja inmobiliaria en España. Pero sin la restricción del crédito y el encarecimiento del petróleo hasta niveles astronómicos de casi 150 dólares barril, esos problemas no se habrían transformado en crisis abiertas. Hay que recordar que el precio del barril de petróleo antes de que la Administración Bush decidiera invadir Irak era de unos 20 dólares.

¿Qué ha fallado? Primero, la laxitud en la regulación financiera norteamericana y anglosajona y la fe dogmática de las autoridades de esa zona en que los mercados pueden autorregularse por sí solos.

Segundo, la actitud laxista de los supervisores norteamericanos y anglosajones, que permitieron a los especuladores financieros, a los bancos de inversión, a las entidades hipotecarias y a las aseguradoras realizar masiva e impunemente prácticas financieras poco ortodoxas y la asunción de riesgos irresponsables.

Tercero, la falta de solidez de algunas entidades financieras, gracias a los nuevos cambios introducidos en las normativas contables internacionales que permiten valorar activos a los precios del mercado, sobrevalorados y altamente volátiles durante las burbujas especulativas.

Cuarto, el elevado nivel de endeudamiento de las entidades financieras entre ellas, muy por encima de las capacidades que sus activos reales aconsejaban.

Quinto, las prácticas especulativas perversas de los mercados financieros, financiadas con préstamos que se devuelven con los beneficios obtenidos. Una de estas prácticas es la venta al descubierto, por la que un operador vende acciones de una entidad que ha tomado prestadas a cambio de una comisión para hacer caer su cotización y poder comprarlas después más baratas para devolvérselas a su propietario original.

Sexto, las colusiones y las connivencias entre las entidades financieras y las agencias de calificación (rating), que condujeron a estas últimas a avalar como si fuera oro activos financieros que sólo eran basura. En esas operaciones además participaban directamente las agencias de rating y obtenían de ellas suculentos beneficios en un conflicto de intereses mayúsculo.

Y séptimo, las prácticas de gestión de las entidades, con unos ejecutivos acostumbrados a la política de la impunidad, con sueldos millonarios, que no asumen ninguna responsabilidad por las pérdidas causadas por su comportamiento y sobre los que los accionistas tiene escaso control.

¿Qué hacer? Primero, estabilizar la situación, detener la crisis financiera, sanear las entidades afectadas y acabar con la restricción crediticia actual. El BCE debe seguir inyectando masivamente liquidez al sistema para suplir al mercado interbancario mientras no se restaure la confianza entre las entidades.

Los bancos y entidades en crisis deben ser intervenidos o vendidos de inmediato a quien esté dispuesto a asumir su saneamiento. No puede repetirse escenas como las de las colas de los clientes del Northern Rock durante una semana para retirar sus fondos de la entidad en crisis antes de que las autoridades se decidieran a intervenir. Esas imágenes crean alarma y son perjudiciales para la credibilidad de todo el sistema financiero.

Las recientes actuaciones de los gobiernos de Alemania, Bélgica, Holanda, Francia para salvar a entidades en dificultades han sido las adecuadas, aunque quizá deberían haber comprado las acciones a un precio más barato, ya que la mala situación de esas entidades no sólo es culpa de sus gestores, sino de los accionistas que han avalado su actuación y también deben asumir un coste.

Segundo, debe establecerse una reglamentación financiera mucho más estricta que impida que en el futuro puedan repetirse comportamientos irresponsables parecidos a los que han desencadenado la actual crisis. Asimismo, debe reforzarse el sistema de control y supervisión de las entidades financieras, tanto a nivel nacional como internacional. Esto tropezará, no obstante, con fuertes resistencias nacionales a ambos lados del Atlántico.

La Unión Europea (UE) es la más indicada para liderar ese proceso a nivel internacional. El presidente francés y presidente semestral europeo, Nicolas Sarkozy, ha comenzado a preparar ese proceso. Quizá ahora las autoridades de EEUU y Gran Bretaña ya no se mofarán de las propuestas de mayor regulación y supervisión que desde hace dos años venían realizando infructuosamente la cancillera alemana, Angela Merkel, en las cumbres del Grupo de las Ocho grandes potencias (G-8).

Y tercero, ésta sería una buena ocasión para reforzar el gobierno económico de la UE, en especial de la zona euro, limitado hasta ahora a la mera coordinación política. También podría aprovecharse la crisis para reformar ligeramente el estatuto del BCE para ampliar su mandato e incluir también  favorecer el crecimiento económico, para que no quede limitado como hasta ahora a garantizar la estabilidad de precios. Ese mandato tan restrictivo ha frenado una reducción de los tipos de interés al iniciarse la crisis.