La Comisión Europea propuso hoy corregir algunas de las lagunas existentes en la actual legislación comunitaria que facilitan la evasión tributaria, en especial desde paraísos fiscales como Liechtenstein. La propuesta de reforma de la directiva sobre la fiscalidad del ahorro se produce a raíz del escándalo que se produjo a principios de año cuando salió a la luz que ese pequeño principado centroeuropeo colaboraba activamente en la evasión fiscal de los acaudalados ciudadanos de Alemania, de España y de otros estados europeos.

La actual directiva que entró en vigor en el 2005, tras décadas de laboriosa negociación, sólo se aplica a los rendimientos de los depósitos bancarios de los particulares, no a las cuentas a nombre de empresas, sociedades o fundaciones, ni a los diferentes tipos de productos financieros. Esto deja una amplísima variedad de posibilidades a las personas con recursos para evadir la tributación de impuestos sobre sus rendimientos financieros.

La actual legislación obliga a las autoridades de los diferentes países comunitarios a intercambiar los datos sobre los depósitos que los ciudadanos de otros estados tienen en su territorio. Luxemburgo, Austria y Bélgica, que mantienen el secreto bancario, están exentos de revelar esos datos a cambio de aplicar una retención en origen sobre los rendimientos de los ahorros de los ciudadanos de otros países y de abonar posteriormente una parte sustancial de esas retenciones a la Administración tributaria del país de origen de esa persona.

"El campo de aplicación de la actual directiva debe ser extendido  para lograr el objetivo de detener la evasión fiscal", reconoció el comisario europeo de Fiscalidad, Laszlo Kovacs. "Actualmente es relativamente fácil para la gente burlar la directiva recurriendo a entidades, fundaciones o fondos fiduciarios cuyos rendimientos no estén sometidos a impuestos", admitió Kovacs.

La reforma propuesta pretende que los bancos, entidades financieras o profesionales independientes establecidos en la Unión Europea (UE) que efectúen pagos de intereses a estructuras establecidas fuera de la UE estén obligados a facilitar la información sobre esas operaciones o a efectuar una retención en origen.

La reforma también quiere obligar a que los pagos realizados a favor de fundaciones o fondos fiduciarios establecidos en la UE estén sometidos a las mismas reglas de intercambios de información o retención que los depósitos, independientemente de la distribución real de la suma a favor de los beneficiarios del fondo o de la fundación.

El campo de aplicación de la directiva se extenderá asimismo a algunos nuevos tipos de productos financieros donde el capital está garantizado y los rendimientos predefinidos, a contratos de seguro asociados a rendimientos financieros y a los fondos de inversión, independiente de su forma legal.

La reforma de la directiva necesita ser aprobada por unanimidad en el Consejo de Ministros de la UE, como todas las medidas de carácter fiscal, lo que augura una tramitación extremadamente complicada. Alemania, con el respaldo de España y Francia, ha estado presionando a la Comisión Europea desde el escándalo de Liechtenstein para reformar la legislación y corregir las lagunas existentes.

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE mantendrán el primer debate sobre el proyecto de reforma durante su reunión el próximo 2 de diciembre en Bruselas. Kovacs expresó su confianza en que no sea necesario nuevas décadas de negociación entre los Veintisiete para alcanzar un acuerdo. Pero no será fácil obtener el voto favorable de países que actúan como paraísos fiscales en el seno de la UE, como Luxemburgo, o de países que se oponen a someter a controles estrictos a las operaciones financieras, como Gran Bretaña, que además mantiene importantes paraísos fiscales en sus territorios dependientes como es el caso por ejemplo de Gibraltar.