miércoles, 03 de diciembre de 2008 21:07
Eliseo Oliveras
Flandes, bajo vigilancia europea por prácticas antidemocráticas
El Consejo de Europa colocó ayer bajo vigilancia a Flandes, la región más poblada y rica de Bélgica, por sus prácticas antidemocráticas al negarse a nombrar a tres alcaldes francófonos de la periferia flamenca de Bruselas, elegidos por una aplastante mayoría en las elecciones del 2006. Esto constituye un serio revés político para Flandes, cuya actitud autoritaria ha conducido al bloqueo de las negociaciones para la reforma del estado belga hacia una estructura confederal.
Flandes, que tanto defiende los principios democráticos de los votos mayoritarios cuando le interesa para sus fines políticos, rechaza respetarlos cuando se refiere a cuestiones francófonas. En Flandes, pese a las elecciones locales, los alcaldes son nombrados formalmente por el Gobierno regional, lo que le permite, como ocurre con este endémico contencioso, contravenir la voluntad popular y vetar al candidato elegido por la población si no es de su agrado.
Los alcaldes de Kraainem, Linkebeek y Wozembeek-Oppem, tres ciudades de mayoría francófona de la periferia flamenca de la capital belga, obtuvieron el respaldo de más del 75% de los votantes en los comicios del 2006. Pero el Gobierno de Flandes se niega a ratificar esa voluntad popular porque los tres alcaldes cometieron el crimen de lesa majestad de enviar a los residentes francófonos de sus ciudades la convocatoria de las elecciones en francés.
Los residentes francófonos de esas tres ciudades tienen derecho a recibir esa convocatoria de elecciones en francés, según la legislación vigente. Pero deben pedirlo de forma individualizada, según el Gobierno flamenco. El envío de oficio de la convocatoria en francés a esos residentes constituye un incumplimiento de la circular lingüística del Gobierno regional que estipula que todas las comunicaciones oficiales deben realizarse sólo en neerlandés.
El Gobierno flamenco se negó de nuevo el pasado noviembre a nombrar a los tres alcaldes, que siguen actuando de facto desde el 2006 como alcaldes en funciones. Esta intransigencia del Flandes ha conducido al bloqueo de las negociaciones de reforma del estado iniciadas hace tres meses.
La primera negativa de Flandes decidió a los tres alcaldes afectados a recurrir al Consejo de Europa y a su órgano especializado en poderes locales para denunciar la violación de los principios democráticos por parte del Gobierno flamenco.
El Consejo de Europa envió el pasado mes de mayo una delegación a investigar la situación en las tres ciudades. La delegación concluyó que Flandes incumplía por cinco motivos la Carta Europea de Autonomía Local, suscrita por Bélgica: El rechazo del nombramiento de los alcaldes perjudica el buen funcionamiento del municipio, la obligación de sólo utilizar el neerlandés en una ciudad francófona daña la participación ciudadana, el rechazo al nombramiento es desproporcionado en comparación con la falta reprochada, la tutela flamenca roza la injerencia en la gestión de los ayuntamientos y Bélgica sigue sin respetar la recomendación de la elección directa de los alcaldes.
Tras un debate en el que Flandes rechazó legitimidad al Consejo de Europa para cuestionar su política, la asamblea de poderes locales de la institución europea votó casi por unanimidad reprobar al Gobierno flamenco y colocarlo bajo vigilancia democrática.
El Consejo de Europa recomendó además al Gobierno de Flandes nombrar a los tres alcaldes o convocar nuevas elecciones y le pidió que revisara las leyes lingüísticas para permitir el uso del francés en las ciudades mayoritariamente francófonas en las sesiones municipales.
La decisión del Consejo de Europea es más simbólica que efectiva, pero sirve para mostrar la deriva ciega y desmedida a que han llegado los planteamientos nacionalistas de Flandes, que además no entiende que su violación de la voluntad popular expresada en los comicios municipales escandalice al resto de Europa. La tajante negativa del Gobierno flamenco a nombrar los tres alcaldes evidencia asimismo la imposibilidad práctica de que las comunidades flamenca y francófona puedan llegar a un acuerdo viable de reforma del estado belga.