El denominado plan europeo de reactivación económica es una mera amalgama de recetas posibles frente a la recesión y está muy lejos de constituir un auténtico programa de reactivación económica. El plan es sobre todo un intento de las instituciones de la Unión Europea (UE) para transmitir la  impresión de que se han adoptado medidas a nivel europeo para combatir con eficacia la crisis, cuando en realidad cada estado ha aprobado las medidas que creía oportunas sin consultar con los demás.

El plan de reactivación fue presentado a bombo y platillo por la Comisión Europea el pasado 26 de noviembre como la panacea frente a la recesión generalizada que atenaza a Europa, pero contiene escasísimas medidas concretas y casi todo son recomendaciones generales. Incluso el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, fue incapaz de precisar de donde saldrían los 15.000 millones que en teoría aportaba el presupuesto de la UE al plan de reactivación. La cumbre europea respaldó el pasado 12 de diciembre una versión aún mucho más simplificada de ese plan y con un nivel de compromiso efectivo casi nulo.

La pieza central del plan era el compromiso de realizar un gasto público para reactivar la economía europea equivalente al 1,5% del producto interior bruto (PIB), es decir, unos 200.000 millones de euros. Como el presupuesto comunitario es muy limitado, el esfuerzo fundamental (1,2% del PIB y unos 170.000 millones) recaía sobre el conjunto de los 27 estados de la UE.

Los líderes de los Veintisiete, para mantener la ficción de que la UE se dotaba de un plan de reactivación, avalaron una versión simplificada y podada del texto de la Comisión Europea, con una vaga referencia a un esfuerzo presupuestario de "alrededor" del 1,5% del PIB. Pero los acuerdos de la cumbre no incluyen el más mínimo compromiso concreto por parte de los estados de cómo se llegará a esa cifra mágica.

El esfuerzo presupuestario de los diferentes planes nacionales de reactivación anunciados hasta ahora, que implica un gasto público adicional nuevo, se limita a unos 83.700 millones de euros en el conjunto de los Veintisiete, es decir el 0,57% del PIB, según el análisis realizado por el centro de estudios europeos Bruegel.

Si a esa cifra se añade las aportaciones del presupuesto comunitario y del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la cantidad aumenta a 93.000 millones, el 0,64% del PIB europeo. En ambos casos la realidad se queda muy lejos de los 200.000 millones y del 1,5% del PIB, que es la cifra mínima para que el esfuerzo tenga un impacto significativo en la economía y en la recesión, según sostiene la Comisión Europea.

España es proporcionalmente uno de los países que va a realizar un mayor esfuerzo público para reactivar la economía: con 12.300 millones de gasto público nuevo, equivalentes al 1,1% del PIB, según el análisis del centro Bruegel. La cifra española es comparable al gasto público del 1,14% del PIB que realizará Austria y al 1,01% del PIB que efectuará Gran Bretaña.

El esfuerzo de Alemania y Francia, por el contrario, se queda muy por debajo y representa sólo el 0,58% y el 0,72% del PIB, respectivamente. El plan italiano, por su parte, es un mero ejercicio de publicidad que no implica un aumento real del gasto público.

El plan europeo de reactivación es una mera ficción publicitaria, porque los vagos compromisos adoptados en la cumbre son básicamente la repetición de acuerdos previos (como el incremento de la capacidad de crédito del BEI en 30.000 millones en el periodo 2009-2010) y la mera enumeración de medidas posibles (rebajar los impuestos y las cotizaciones, apoyar a los sectores en dificultad y ayudas a las familias).

Las pocas decisiones reales de la cumbre se limitaron a suavizar la normativa comunitaria para incrementar hasta 500.000 euros las ayudas públicas a las empresas sin permiso de la Comisión Europea y la reducción temporal a 30 días del plazo de los concursos públicos para los trabajos de infraestructuras para poder acelerar la puesta en marcha de los proyectos.

No hay que olvidar que la política económica sigue siendo en la UE una competencia prácticamente exclusiva de los estados y cada gobierno quiere tener plena libertad para decidir cómo y cuándo actuar frente a la crisis en función de la situación de su propio país.