El fracaso de la presidencia checa de la Unión Europea (UE) y de la Comisión Europea en evitar la interrupción del suministro de gas ruso a los países europeos y, posteriormente, en lograr un rápido restablecimiento del suministro es consecuencia, en primer lugar, de la ceguera política de ambos, que pensaban ingenuamente que la UE no se vería afectada por la anunciada nueva guerra del gas entre Rusia y Ucrania.
El precedente del 2006 debería haber servido para que ambos fueran más conscientes de la situación real y no se fiaran de las declaraciones de los dirigentes de Rusia y Ucrania, que tienen unos intereses y una agenda muy distinta a la de la UE y que no tienen ningún escrúpulo en tomar a los países europeos como rehenes de sus conflictos bilaterales.
Cuando ya era evidente para todos que iba a reproducirse la guerra del gas del 2006 con mayor intensidad, la presidencia checa de la UE y la Comisión Europea perdieron numerosos días repitiendo como una mantra que se trataba de un mero conflicto comercial bilateral entre ambos países, que debían resolver ellos mismos, que no afectaba a la UE y que ésta no debía intervenir ni mediar.
Como el 80% del gas ruso suministrado a la UE llega a través de los gaseoductos ucranianos, pensar que el contencioso entre Moscú y Kiev no iba a acabar perjudicando a los países europeos es de una ingenuidad preocupante, incompatible con el cargo de presidente de la Comisión Europea o de presidente semestral de la UE.
Si Rusia había cortado el suministro de gas a Ucrania el 1 de enero por el impago de deudas atrasadas y el desacuerdo sobre los precios del 2009, sólo era cuestión de días que la UE empezara a tener problemas, porque Ucrania, como en el 2006, iba a sustraer parte del gas que circulaba por su territorio con destino a la UE.
Cuando comenzó a interrumpirse el suministro a la UE el 6 de enero, la presidencia checa y el Ejecutivo comunitario parecieron sorprendidos y sólo entonces decidieron que debían intervenir. Pero ya era tarde y el mal estaba hecho. Su falta de previsión ha condenado a cientos de miles de ciudadanos de 18 países al frío y ha paralizado la actividad industrial en muchos de ellos, lo que agravará su delicada situación económica.
La actitud hostil hacia el Gobierno ruso que mantiene el Gobierno checo y el propio presidente de la Comisión Europea, el conservador pronorteamericano José Manuel Durao Barroso, ha restado después fuerza y eficacia política a los intentos europeos de resolver la situación.
El Gobierno checo ha acogido con los brazos abiertos el escudo antimisiles norteamericano, que Rusia considera una amenaza, y dentro de la UE se ha distinguido por su actitud hostil hacia Moscú y un apoyo total al Gobierno de Kiev a sus de integrarse en la OTAN. Barroso, por su parte, mantiene unas pésimas relaciones personales con el primer ministro ruso, Vladimir Putin, y está alineado con la Administración norteamericana de George Bush. No en vano, cuando era primer ministro portugués fue el anfitrión de la funesta cumbre de las Azores que desencadenó la invasión de Irak.
La obsesión de la presidencia checa y del Ejecutivo comunitario en limitar la actuación europea a un sistema de supervisión del transporte del gas ruso, sin querer intervenir en buscar una solución a los problemas de fondo del conflicto ha conducido al actual impasse. Limitarse a repetir que "Rusia y Ucrania deben resolver sus problemas" y que "no corresponde a la UE señalar quién es el culpable" no sirve de nada. Todo lo contrario, favorece la partida de ajedrez que libran Moscú y Kiev sobre las espaldas europeas.
Mientras no se resuelva el problema de fondo --las tarifas del 2009 de Ucrania, las deudas pendientes y el aumento de las tarifas que quiere cobrar Kiev a Moscú por el uso del gaseoducto-la UE corre el riesgo de seguir sin gas.
La presentación de denuncias de lenta tramitación en los tribunales contra las compañías estatales rusa Gazprom y ucraniana Naftogaz, como ha sugerido Barroso, no resolverá tampoco el problema inmediato de la falta de suministro energético que paraliza a los países de Europa oriental y de los Balcanes.
La búsqueda de fuentes y rutas alternativas de aprovisionamiento de gas no se improvisa y la construcción de nuevos gaseoductos son proyectos de gran envergadura que tardan tiempo en materializarse. A pesar de la experiencia negativa del 2006, la UE ha hecho bien poco en la práctica para corregir esa dependencia extrema del gas ruso y del gaseoducto ucraniano.
La UE no tiene más remedio que utilizar con contundencia armas de presión política sobre Kiev y Moscú para forzarles a negociar y resolver sus contenciosos, en especial sobre Ucrania, que es el eslabón central del mecanismo, un mero transportista de gas y el país más débil. Pero también en este caso, la presidencia checa y la Comisión Europea han tardado demasiado en alzar el tono.
Ucrania necesita apoyo financiero del FMI, donde los países europeos tienen un peso importante. La UE también puede bloquear toda la política de acercamiento y apoyo a Kiev. Asimismo, los países europeos en la OTAN pueden bloquear la cooperación de la Alianza Atlántica con Ucrania.
El problema es que la política totalmente proucraniana mantenida por el Gobierno checo le impide adoptar las necesarias medidas de presión. Precisamente, la presidencia checa tiene planeado poner en marcha durante este semestre una política reforzada de cooperación con los antiguos países soviéticos situados en la frontera oriental de la UE, en especial Ucrania y Georgia.
La UE, que durante la presidencia francesa desempeñó un protagonismo decisivo en detener la guerra del Cáucaso y en frenar la crisis financiera importada de EEUU, parece haber quedado reducida de nuevo a la impotencia y a volver a ser el paciente sujeto pasivo de las decisiones de otros.