El nuevo primer ministro belga, el controvertido democristiano flamenco Yves Leterme, quiere lograr un acuerdo en primavera del 2010 para reformar el estado y dar más poderes a Flandes, la región más rica, poblada y dinámica de Bélgica. Leterme sucedió hoy a Herman van Rompuy al frente del Ejecutivo federal belga, al haber sido elegido este último como nuevo presidente estable de la Unión Europea (UE). Éste es el cuarto Gobierno belga en menos de dos años.

«Hace ya demasiado tiempo que las discusiones institucionales paralizan el funcionamiento óptimo del país.», destacó Leterme en su primera intervención en el Parlamento tras su nombramiento. «El Gobierno espera alcanzar un acuerdo en la primavera del 2010, seguido de su inmediata aplicación», añadió.

Leterme, que tuvo que dimitir como primer ministro en diciembre del 2008, intentó calmar los temores de la minoritaria comunidad francófona, que ve en él a un nacionalista flamenco radical. «Siempre se aprende de las experiencias pasadas. Retomo el téstigo con energía y voluntad de apaciaguamiento», destacó conciliador.

En el pasado, Leterme se había distinguido por sus declaraciones provocativas, como que "Bélgica era un mero accidente en la historia", que se sentía "anles flamenco que belga" o que los francófonos parecían tener una deficiencia intelectual que les impedía aprender neerlandés.

Tras el anterior fracaso de Leterme en hacer avanzar las negociaciones para reformar el estado en el 2008, el rey Alberto II ha encargado en esta ocasión al veterano político flamenco Jean-Luc Dehaene (apodado el Toro de Vilvoorde) que prepare las bases de un acuerdo para esa reforma del estado entre los partidos de la mayoría gubernamental democristiana-liberal-socialista.

Uno de los puntos más conflictivos es la organización política del entorno de Bruselas, donde están en juego los derechos electorales y judiciales de unos 150.000 francófonos residentes en esa zona de Flandes. Los partidos flamencos reclaman la escisión del distrito electoral y judicial que une Bruselas con su periferia flamenca --conocido por las siglas BHV (Bruselas-Hal-Vilvorde)-- para reforzar su cohesión territorial, política y lingüística. Pero esa estructura, herencia de cuando se procedió a la división lingüística del país, sirve para garantizar que los francófonos residentes en esa zona puedan elegir a un diputado de su lengua y ser juzgados en francés, por lo que los partidos francófonos no aceptan una escisión sin que se preserven esos derechos, algo que hasta ahora los partidos flamencos no han sabido ofrecer. 

Otras cuestiones explosivas son las demandas de Flandes de plena autonomía fiscal, financiera y de protección social, que hacen temer a la comunidad francófona de Bruselas y Valonia un recorte sustancial en las transferencias de fondos que reciben del estado.

Las posciones entre los partidos flamencos y francófonos están tan alejadas como hace un año, por lo que resultará muy difícil encontrar un compromiso aceptable para ambas partes. La crisis económica no ha atenuado los ardores de ambos bandos, sino que parece haberlos acentuado.