El Tribunal Constitucional alemán ha puesto coto esta semana a los excesos de la lucha antiterreorista a los que se están librando los gobiernos de la Unión Europea (UE). Con la excusa de reforzar la seguridad ante la amenaza terrorista islámica, los gobiernos occidentales están recortado de forma peligrosa los derechos y libertades individuales de los ciudadanos, que tantos sacrificios y luchas costaron en el pasado para levantar una protección frente a los abusos de poder del estado y de las autoridades.

La máxima autoridad judicial alemana consideró el pasado 2 de marzo que la legislación de retención y conservación de datos de las telecomunicaciones violaba el principio básico de la Constitución alemana que garantiza la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.

La polémica legislación obligaba a las compañías de telecomunicaciones alemanas a guardar durante seis meses todos los datos de las llamadas con teléfonos móviles, la situación geográfica de los usuarios respecto a las antenas, las conexiones a internet y los envíos de correos electrónicos para su eventual utilización por la policía y los servicios secretos nacionales y extranjeros.

Esta ley alemana es la aplicación a nivel nacional de la normativa europea pactada por los gobiernos de la UE en el 2005 bajo impulso de la Comisión Europea durante la funesta presidencia británica de la UE. Unas leyes similares se aplican en los demás 26 estados europeos, que comparten esos datos sin control con las autoridades norteamericanas.

La sentencia del Tribunal Constitucional alemán, que ha obligado a las compañías de telecomunicaciones alemanas a borrar todos los datos almacenados, destaca que la legislación no garantizaba un uso restringido de los datos almacenados y permitía una intrusión en la vida privada de los ciudadanos a un nivel desconocido hasta ahora.

Los jueces del máximo tribunal alemán señalaron que cualquier almacenamiento de datos debe quedar sujeto a estricta supervisión, que las autoridades no pueden tener un acceso indiscriminado a todos los datos almacenados, que debe justificarse para que van a utilizarse en cada caso esos datos y que debe preservarse que no se produzca un abuso de los datos personales de los ciudadanos.

Este es el segundo triunfo de las libertades y derechos individuales que se produce en las últimas semanas en la UE, tras la histórica votación del Parlamento Europeo el pasado 11 de febrero, que anuló el acuerdo Swift que permitía a las autoridades norteamericanas el espionaje indiscriminado y permanente de los datos personales de las transferencias bancarias de los ciudadanos y las empresas europeas. 

Los defensores gubernamentales de convertir nuestras democracias en regímenes de carácter cada vez más policial se han apresurado a recitar las falacias habituales de que esta sentencia crea un peligroso vacío de seguridad que aumenta el riesgo de atentado terrorista en Europa.

Sin embargo, la realidad es bastante diferente. Si existe una sospecha fundada sobre las actividades ilegales o peligrosas de cualquier residente en la UE, a través de una autorización judicial, la policía puede obtener no sólo los datos de cuando el sospechoso se conecta a internet, envía un correo electrónico o efectúa una llamada telefónica, sino que se tiene acceso incluso al contenido de esas comunicaciones y de sus transacciones financieras. Por tanto, no existe un mayor peligro que antes de la sentencia o de la derogación del acuerdo Swift.

Si existe una sospecha fundada, la información necesaria para garantizar la seguridad de la población se puede conseguir de forma rápida y efectiva, bajo tutela judicial, sin la necesidad de colocar a todos los ciudadanos bajo sospecha.

Lo que hacen en realidad las nuevas legislaciones de seguridad que están impulsando la Comisión Euripea y los gobiernos occidentales es convertir a todos los ciudadanos en sospechosos por principio y tratarlos como tales. Esto constituye un inaceptable retroceso histórico que amenaza con devolvernos a épocas autoritarias y absolutistas que creíamos superadas. Guantánamo y los métodos de tortura generalizados por la CIA durante el nefasto periodo de la Administración Bush nos advierten que los tiempos de la Inquisición pueden volver por poco de bajemos la guardia.