Desde la cúpula del Banco de España, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo (BCE) y de la patronal se insiste una y otra vez en que la salida de la crisis económica actual pasa por abaratar el despido y reducir los salarios de los trabajadores, a pesar de que los asalariados no son responsables de las decisiones que han conducido a la crisis.

Es sintomático que todas las arengas a favor de abaratar el despido y reducir los salarios procedan de personas como el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, o el comisario europeo Joaquín Almunia, con unas retribuciones salariales elevadísimas, con una más que desahogada situación económica, que desconocen lo que significa tener dificultades para llegar a final de mes y que cuando concluyan sus mandatos recibirán unas generosas compensaciones retributivas.

Sorprende que estas recetas siempre sean para aplicar a otros, no a si mismos, que no vieron llegar la crisis, ni adoptaron la más mínima medida para prevenirla, ni para frenar la galopante burbuja inmobiliaria, ni detener la irracional política crediticia de las entidades financieras.

Esas recetas curiosamente tampoco se recomiendan para los ejecutivos y directivos de las compañías, de los bancos y de las cajas de ahorro, que sí tomaron las decisiones equivocadas que nos han llevado a la actual penosa situación, ni a los ejecutivos y gestores de los fondos de pensiones e inversión que han dilapidado con sus decisiones cuestionables los ahorros de sus clientes.

El abaratamiento del despido sólo parece destinado al asalariado y nadie menciona las escandalosas compensaciones que reciben los ejecutivos cuando abandonan las compañías o las entidades financieras.

La reducción de los salarios sólo parece también destinada a aplicarse exclusivamente a los trabajadores, ya que el Banco de España no cuestiona las exorbitantes retribuciones de muchos directivos, ni los notables incrementos de los ingresos que se han acordado a si mismos los directivos y los consejos de administración de los bancos y cajas de ahorros, aunque su gestión ha dejado mucho que desear o ha sido sustancialmente errónea, como demuestran las presiones para acelerar las fusiones de las cajas y la persistente restricción crediticia que ahoga el país.

El abaratamiento del despido en España sólo conduciría a un disparo astronómico del desempleo, que generaría un nuevo incremento del déficit público y supondría descargar los costes empresariales sobre las espaldas de toda la población.

La reducción de los salarios en un país que cuenta ya con demasiados mileuristas y un elevado desempleo contribuiría también a frenar aún más el consumo y a retrasar la salida de la crisis.

Durante el largo periodo de bonanza económica las compañías no aprovecharon los cuantiosos beneficios que obtenían para consolidar unas reservas suficientes para afrontar el futuro. Ahora, los trabajadores, que durante la época de vacas gordas no viajaban en jet privado ni compartían el tren de vida de los ejecutivos, son a quienes se pide una vez más se aprieten el cinturón.