La Comisión Europea propuso hoy a los gobiernos de los 27 países de la Unión Europea suprimir la exigencia visado para los ciudadanos de Albania y Bosnia-Herzegobina, pese a reconocer en sus informes que ambos países constituyen un paraíso del crimen organizado y de la corrupción.

La propia comisaria de Interior, Cecilia Malmström, reconoció al presentar la iniciativa que ambos países aún no reunían los requisitos necesarios para que esa medida pudiera entrar en vigor.

La iniciativa, que pretende ser un gesto político hacia Albania y Bosnia en su camino de aproximación a la UE, no tiene en cuenta las implicaciones negativas de su aplicación para la seguridad de los ciudadanos de la UE, máxime cuando las mafias albanesas ya son extremadamente activas en los países europeos, en especial en narcotráfico y explotación sexual de mujeres.

La supresión de la exigencia de visados aún facilitará más la labor de esos grupos criminales de una extrema violencia y su tráfico de drogas y de esclavas sexuales desde los Balcanes hacia el interior de la UE.

La supresión de la exigencia de visado, según la propuesta de Malmström, se aplicaría a las personas que viajaran a los países del grupo Schengen (sin fronteras interiores), que sólo necesitarían disponer de un pasaporte biométrico.

Los informes de la Comisión Europea sobre Albania y Bosnia reflejan que ambos países constituyen un paraíso para el crimen organizado, donde a la ineficacia e incapacidad de las fuerzas policiales y del aparato judicial se suman un elevado nivel de corrupción, lo que conduce a la impunidad de los grupos delictivos y abre la puerta a la obtención irregular de pasaportes biométricos.

En la documentación anexa a la propuesta de supresión de visados, la Comisión Europea reconoce que para poder aplicar con seguridad esa medida ambos países aún deben "reforzar sus capacidades de hacer respetar la ley y una efectiva aplicación del marco legal de lucha contra el crimen organizado y la corrupción, incluyendo la asignación adecuada de recursos humanos y financieros".

La Comisión Europea también admitió que existe un riesgo de desencadenar un nuevo aluvión de demandas de asilo y de inmigración irregular en la UE, aprovechando la supresión de los visados, como ya ocurrió con la liberalización de los visados para Macedonia, Montenegro y Serbia a finales del 2009, pero intentó minimizar su gravedad.