De acusado a acusador. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, logró infringir en la cumbre europea del 16 de septiembre una severa derrota política a la Comisión Europea. No sólo ningún líder de la Unión Europea (UE) cuestionó su política de desmantelamiento de los campamentos ilegales y de expulsión de los gitanos rumanos y búlgaros, sino que el resto de dirigentes de los Veintisiete le respaldaron frente a los demagógicos comentarios de la comisaria de Justicia y vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Viviane Reding.

La Comisión Europea ha caído en esta ocasión víctima de su estrategia de la búsqueda del éxito mediático fácil, sin medir el alcance de las expresiones utilizadas por Reding en su teatral conferencia de prensa del 14 de septiembre, ni la ofensiva  pública emprendida por la comisaria contra las expulsiones en agosto antes de disponer de sólidas pruebas de que se estaba produciendo una aplicación discriminatoria de la directiva de libre circulación de ciudadanos dentro de la UE.

El presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, esperaba contar en el Consejo Europeo con el respaldo de al menos la mitad de los líderes de los Veintisiete y al final se encontró solo, enzarzado en un virulento enfrentamiento verbal con Sarkozy del que salió derrotado.

Los líderes reafirmaron el derecho y la obligación de la Comisión Europea de hacer respetar el derecho comunitario y el Tratado de la UE, pero subrayaron el derecho y la obligación del Gobierno francés de hacer respetar la ley en su territorio y de proteger a sus ciudadanos.

En un momento en que aumenta el malestar ciudadano por los problemas de inseguridad pública que genera el elevado número de inmigrantes irregulares sin medios de subsistencia en el territorio europeo, los líderes prefirieron no criticar la actuación francesa. Sarkozy destacó que "a fuerza de cerrar los ojos ante estos problemas, como los campamentos ilegales, es como se consigue que los ciudadanos se alejen de las instituciones".    

Comparar las repatriaciones de gitanos rumanos y búlgaros con las deportaciones masivas nazis de la Segunda Guerra Mundial, como hizo Reading, fue un error garrafal, no solo de ella, si no de todo su equipo y del conjunto de la Comisión Europea, ya que todos los discursos son sometidos antes de pronunciarse a un sin fin de controles.

Entre los líderes europeos sorprendió que la Comisión Europea hubiera lanzando una andanada de tan gran calibre político, como el anuncio anticipado de la apertura de un expediente de infracción contra Francia por violación de un principio fundamental de la UE, antes de tener concluidos los informes que demuestran esa infracción y sin que, al parecer, se hubiera desplazado a Francia ningún equipo de expertos de la Comisión Europea para verificar in situ esas violaciones del derecho y el tratado europeo.

La propia Reding rebajó de forma notable hoy el tono y condicionó ahora la apertura del expediente de infracción contra Francia por violación del derecho europeo a que "se confirmara la sospecha" de que se había producido un "trato discriminatorio" contra los gitanos rumanos y búlgaros. Una actitud muy alejada de su teatral "ya basta" del pasado martes, cuando afirmó que "la paciencia se le estaba agotando" y dio por descontado la apertura del expediente por parte de la Comisión Europea.

Una de las primeras consecuencias negativas de este desaguisado es la penosa imagen internacional que ha dado la UE, divida y debilitada, en un momento en que es crucial que demuestre su unidad, cohesión interna, determinación y fortaleza.

La discusión que debía realizar precisamente los líderes de los Veintisiete sobre cómo reforzar el papel y el poder internacional de la UE, en especial en los grandes organismos como la Organización de Naciones Unidas (ONU) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), quedó ahogado por el contencioso sobre los gitanos.

Esta crisis política muestra de nuevo que la integración en la UE de Bulgaria y Rumania en el 2007 fue precipitada y mal gestionada, ya que ambos países no estaban suficientemente preparados para ello, como revelaban los informes del propio Ejecutivo comunitario. Pero nadie tuvo el coraje político de admitirlo.