Bélgica cumplió hoy 100 días sin gobierno y con muchas dudas de que los partidos flamencos y francófonos lleguen a alcanzar un compromiso sobre la reforma en profundidad del Estado que exige Flandes, la región más rica, poblada y dinámica del país.

El partido independentista Nueva Alianza Flamenca (NVA), vencedor de la pasadas elecciones en la mitad norte de Bélgica, y el Partido Socialista francófono, que se impuso en el sur del país, aceptaron in extremis el pasado 20 de septiembre reanudar las paralizadas negociaciones sobre la reforma del Estado, condición previa a la formación de un nuevo Gobierno federal de coalición. Pero nadie parece tener muchas esperanzas a esa nueva ronda de negociaciones.

Una profunda desconfianza política se ha instalado entre los partidos flamencos y francófonos sobre la voluntad real de unos y otros de llegar a un acuerdo. Da la impresión que las negociaciones se reanudan una y otra vez infructuosamente sólo por que ningún partido quiere ser señalado como el culpable de la ruptura definitiva de las mismas.

En este clima enrarecido, los dirigentes francófonos han comenzado a evocar públicamente la posibilidad de una escisión de Bélgica, una tema que era considerado tabú entre la mitad sur del país hasta ahora. Dirigentes socialistas y democristianos francófonos han señalado en las últimas semanas que debería comenzar a prepararse un «Plan B» para crear una eventual Federación Bruselas-Valonia si la supervivencia de Bélgica quedara condenada.

DIVERGENCIAS

El principal escollo de la negociación es la reforma de la ley de financiación de las regiones, que Flandes quiere cambiar para poder recortar las transferencias de fondos que realiza hacia la endémicamente deficitaria comunidad francófona de Bruselas y Valonia a través del presupuesto del Estado.

La NVA reclama que las regiones dependan más de lo que recaudan en su territorio para financiar sus gastos. Flandes considera que debe acabarse con el actual "federalismo del consumo", que mantiene a Valonia y Bruselas con unas tasas de paro elevadísimas y un confortable nivel de protección social costeado por la laboriosidad de los flamencos.

Los partidos francófonos no pueden aceptar un cambio significativo de la ley de financiación, porque les obligaría a recortar los gastos en educación, sanidad pública, protección social y desempleo. Los dirigentes francófonos consideran que la reforma de la ley será "abrir la caja de Pandora" y acusan al norte de querer recortar la solidaridad interna norte-sur del país.

Otro de los focos de fricción es el incremento de competencias regionales, en las que Flandes quiere incluir, entre otros, el empleo, la protección social, la asistencia sanitaria, la fiscalidad y la justicia. La importancia de estas áreas hace temer a la comunidad francófona que Flandes esté preparando el terreno para una posterior escisión de Bélgica.

Los demás divergencias principales son el aumento de la financiación de Bruselas, que reclaman los partidos francófonos, y la escisión del distrito electoral y judicial que une Bruselas con su periferia flamenca (Bruselas-Halle-Vilvoorde, BHV), que exige Flandes para consolidar la homogeneidad lingüística y la frontera política de su territorio y que recortará los derechos lingüísticos, políticos y judiciales de los 150.000 francófonos que viven en la periferia de la capital belga.