Albania, detalla la Comisión Europea, continúa siendo "una fuente de tráfico y explotación sexual de mujeres y de mano de obra forzada". El país es "una  de las principales rutas balcánicas de la droga", la lucha contra el crimen organizado es ineficaz y "las actividades de grupos criminales organizados en Albania, con impacto fuera del territorio nacional, continúan siendo una fuente de grave preocupación", añade el informe presentado el 9 de noviembre por el Ejecutivo comunitario para evaluar su candidatura a integrarse en la Unión Europea (UE).

El informe destaca también que las instituciones políticas del país no son ni estables, ni eficaces, las leyes se aplican de forma irregular y la corrupción afecta a numerosos sectores e instituciones, incluso al más alto nivel, en especial a la Administración judicial, agravada por la inmunidad formal e impunidad práctica de que disfrutan amplios grupos de funcionarios públicos (jueces, diputados y ministros).

Pese a esta cruda realidad reconocida por la propia Comisión Europea en sus documentos oficiales, su presidente José Manuel Durao Barroso, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, y la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, han presionado a los Veintisiete hasta arrancarles esta semana a regañadientes la supresión a los albaneses de la obligación de disponer de un visado para entrar en la UE desde mediados de diciembre.

Este frívolo "regalo diplomático", como ha sido calificado por alguna delegación de los Veintisiete, se hace a costa de la seguridad de los ciudadanos europeos, al facilitar la actividad de los grupos criminales, el tráfico de mujeres, el narcotráfico y el tráfico de armas.

La supresión de los visados abre además la vía a nuevas olas de inmigrantes irregulares en busca de un futuro mejor que el que ofrece su maltrecho país. La anterior supresión de la exigencia de visados a países menos conflictivos como Serbia y Macedonia ha multiplicado por cuatro el número de inmigrantes irregulares de esos países que intentan establecerse en algunos de los principales países de la UE.

Pero la responsabilidad no es sólo de la Comisión Europea, sino también de los ministros de Interior de los Veintisiete que han acabado aprobado la media en un gesto político para estimular al Gobierno albanés a proseguir sus reformas. El hecho de que los pasaportes sean biométricos no ofrece ninguna garantía especial, dado el poder real de los grupos criminales y la amplitud de la cultura del soborno que impera en la Administración albanesa, según los propios informes del Ejecutivo comunitario.

La misma supresión de visados para entrar en la UE se aplicará también a los ciudadanos de Bosnia, un país tan inestable y dividido por tensiones étnicas que incluso la UE tiene que mantener aún una fuerza militar de pacificación desplegada por su territorio. Bosnia, como Albania, también padece una "corrupción generalizada" y la lucha contra el crimen organizado es una eterna asignatura pendiente.

Asimismo, el nivel de paro elevadísimo y la negativa situación socioeconómica del país empujarán como es normal a muchos de sus habitantes a buscar un futuro mejor a través de la inmigración irregular, en un momento que ese problema ya genera fuerte tensiones internas en varios países comunitarios.

A nadie debe extrañar que los ciudadanos europeos se alejen cada vez más de las instituciones de la UE, ya que su comportamiento y la política que aplican no sólo resultan incomprensibles, sino que les perjudica directamente.