Mientras los planes de austeridad y los recortes de sueldos de los empleados públicos son impuestos sin parpadear por la Comisión Europea a diferentes países comunitarios para sanear las cuentas públicas, el propio Ejecutivo comunitario se aplica otro baremo para si mismo y aumenta sus ya elevados sueldos el 3,7%.

Los gobiernos de los Veintisiete intentaron recortar ese aumento a la mitad en diciembre del 2009, pero hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha anulado la decisión de los Veintisiete y ha respaldado la polémica subida del 3,7% en el actual ambiente de austeridad y crisis. A nadie ha parecido preocuparle el claro conflicto de interés que se producía en este caso, al ser los propios jueces y el personal del Tribunal de Justicia una parte interesa, ya que estaban decidiendo la subida de sus propios sueldos.

La sentencia destaca que la aumento del 3,7% se basa en la aplicación estricta del reglamento de cálculo de los sueldos de los eurofuncionarios, que lleva un cierto desfase respecto la evolución de los salarios de los funcionarios nacionales, porque se basa en los incrementos registrados a nivel nacional en el periodo precedente.

El Tribunal de la UE precisa que, para no haber aplicado estrictamente la subida resultante de un complicado mecanismo de cálculo, la Comisión Europea debía haber invocado la cláusula de crisis económica grave, cosa que no hizo.

A pesar de que la UE y la zona euro se encontraban en ese momento en medio de una profunda recesión económica de la que están saliendo de forma tambaleante, la Comisión Europea insistió hoy sin enrojecer en que "no se daban las circunstancias" para invocar esa cláusula de crisis económica grave.

Una afirmación sorprendente, porque la propia Comisión Europea en sus informes y declaraciones insistía en esos momentos en que la UE estaba sufriendo la peor crisis desde la segunda guerra mundial". Pero esa valoración aparentemente sólo era válida para pedir sacrificios a los demás. 

A nadie le debe extrañar que los ciudadanos hayan perdido su confianza en las instituciones europeas, cuando el Ejecutivo comunitario de José Manuel Durao Barroso se comporta de forma tan ciega, sin ser consciente de la gravedad política de sus decisiones y de su doble rasero, empeñándose en la aplicación mecánica de reglamentos totalmente ajenos a las difíciles circunstancias económicas actuales.