Los directivos del quebrado grupo Allied Irish Banks (AIB), que ha tenido que ser rescatado con fondos públicos de momento por valor de unos 11.000 millones de euros por parte del Gobierno irlandés, se van a repartir este año más 40 millones en bonus, según reveló la cadena de televisión irlandesa RTE el pasado 9 de diciembre.

El salvamento del AIB ha sido una de las principales causas que ha disparado el déficit público irlandés a un astronómico 32% del producto interior bruto (PIB), ha forzado a la Unión Europea (UE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI) a poner en marcha un plan de rescate financiero de Irlanda con una ayuda externa de 67.500 millones y ha impuesto a la población irlandesa un draconiano plan de ajuste con recortes del salario mínimo y de las ayudas sociales.

El comportamiento de la dirección del banco irlandés, con ese generoso reparto de bonus entre sus directivos responsables de la pésima situación de la entidad, consolida la pauta internacional de injusticia que ha dominado la actual crisis financiera iniciada en el 2008 y que condujo a Europa y EEUU a la recesión más grave desde la Segunda Guerra Mundial: la impunidad total e incluso recompensa de los responsables de la crisis y los enormes sacrificios que deben sufrir el resto de sus conciudadanos para superarla.

Los directivos bancarios, cuando han sido apartados de sus cargos, han recibido con generosas compensaciones económicas en lugar de afrontar una persecución judicial por daños y perjuicios por su irresponsable gestión. En los demás casos, han seguido confortablemente en sus puestos y continúan repartiéndose generosas bonificaciones, como si nada hubiera ocurrido. Sus conciudadanos, por el contrario, deben afrontar el desempleo, la pérdida de poder adquisitivo y unas condiciones de vida peores.

Esta pauta se ha reproducido por todas partes: en Gran Bretaña, en Bélgica, en Alemania, en todos los países donde se ha tenido que recurrir a fondos públicos para apuntalar al sector financiero. Incluso en España, la restructuración forzada de las cajas de ahorros tampoco ha conllevado la necesaria exigencia de responsabilidades a los directivos que han debilitado a las entidades, sino que por el contrario han sido estos mismos directivos quienes han pactado las condiciones de las fusiones de las cajas a su propia medida.

El caso irlandés es aún más grave porque la crisis financiera de Irlanda ha tenido un efecto contagio en los mercados internacionales, que ha perjudicado en especial a Portugal y España. Ambos países han visto notablemente encarecido el coste de su deuda pública y que deberán pagar los ciudadanos con ajustes adicionales.

A nadie debe extrañarle el profundo malestar que impregna al conjunto de la población europea, que considera que los gobiernos nacionales y las instituciones europeas no adoptaron ninguna medida para prevenir la crisis financiera que se avecinaba y que ahora les imponen duros sacrificios sin que se persiga a ninguno de los responsables de la crisis.