Cuando Silvio Berlusconi ganó las elecciones el pasado abril, muchos pensaron que en esta ocasión no tendría necesidad de dedicarse a proteger judicialmente sus negocios desde palacio Chigi como había hecho en sus dos gobiernos anteriores. Había llegado al hora de gobernar. Craso error. O santa inocencia.
Para Berlusconi, la separación entre poder ejecutivo y poder legislativo, y la barrera que marca el límite entre ser juez y parte, no existen. Una vez más ha vuelto a demostrar que sus intereses personales privan por encima de todo al enviar al Senado una enmienda que paralizarán una serie de procesos penales pendientes --¡se calcula unos 100.000!-- por delitos cometidos antes de junio del 2002. No parece casual que entre estos procesos haya uno en el que el primer ministro está imputado. Como no fue casual que en las anteriores legislaturas se aprobaran leyes a medida para evitarle juicios y condenas.
El proceso que Berlusconi quiere evitar se refiere al caso Mills, en el que se le acusa de haber ordenado el pago de más de 500.000 euros a un abogado inglés, David Mills, en compensación por haber mantenido la boca cerrada en dos juicios en los que éste era testigo sobre unas empresas de Mediaset, el hólding televisivo del primer ministro.
Como ya hizo en el pasado, Berlusconi ha aprovechado la ocasión para acusar a jueces y magistrados de izquierdistas, de parcialidad, y de subvertir el orden democrático, y deja entender que el caso Mills no es más que otra patraña, "uno entre tantos procesos fantasiosos" según sus palabras, ideado en su contra por estos jueces enemigos, además de comunistas. La realidad de este caso, es bastante distinta. Este proceso tiene su origen en la justicia del Reino Unido, cuando Hacienda descubrió que el abogado Mills, que lo había sido de Berlusconi, tenía 500.000 euros de origen dudoso en una cuenta secreta en un paraíso fiscal. Tirando del hilo, la justicia británica llegó hasta el primer ministro italiano.
Como otro que quería dejarlo todo atado y bien atado, Berlusconi también ha elaborado un plan B por si esta iniciativa falla, consistente en volver a presentar una ley, la Schifani, que ya fue declarada inconstitucional en el 2004, debidamente remozada para evitar que vuelva a ser aparcada. Con dicha ley se pretende evitar que las cinco máximas autoridades del Estado sean juzgadas mientras estén en activo. No hay que olvidar que para Berlusconi, esta presidencia del Gobierno no es más que el último peldaño para su máxima aspiración, la presidencia de la República dentro de cinco años.
Quien piensa estas triquiñuelas de largo alcance es su abogado Niccolò Ghedini, que reparte su tiempo entre el bufete privado y un escaño en el Parlamento mezclando aquí también intereses públicos y privados. En la anterior legislatura, por ejemplo, Ghedini formaba parte de la Junta para la inmunidad de los parlamentarios.
O habría que decir para la impunidad del primer ministro.
A PIE DE PÁGINA. El caso Mills tuvo en su momento, en el 2006, repercusiones en el gobierno británico ya que este abogado estaba casado con Tessa Jowell, ministra de Cultura en el último Gobierno de Tony Blair y persona de una fidelidad absoluta al líder laborista. La ministra fue objeto de una investigación interna por si se había producido un conflicto de intereses. El secretario del Gabinete, responsable de la investigación, no se pronunció y dejó que fuera Blair quien decidiera. El primer ministro la exoneró por completo. Sin embargo, cuando el caso estaba perjudicando en exceso a la ministra y en consecuencia al Gobierno, el matrimonio decidió separarse. Actualmente Jowell es secretaria de Estado para los Juegos Olímpicos del 2012.